Miguel Ángel Pavón insta a Castedo a tratar de impedir el pago de la indemnización invocando la sentencia que EU ganó en el TSJ anulando la autorización del Puerto para instalar la planta de biodiesel

El portavoz del grupo municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, ha elevado al pleno del próximo martes 31 de julio una pregunta en relación a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que condena al Ayuntamiento a indemnizar a la empresa Biodiesel Alicante con 800.000 euros por haber denegado la licencia que la mercantil solicitó en el año 2006 para instalar en el Puerto una planta de biodiesel.

En la pregunta el edil inquiere al equipo de gobierno sobre si va a interponer algún tipo de recurso o a promover algún tipo de iniciativa judicial contra la sentencia - aunque sea en fase de ejecución de sentencia si no existe la posibilidad legal de presentar un recurso - invocando otra sentencia que EU consiguió en 2010 ante el mismo TSJ anulando la autorización del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante a la planta de biodiesel. Miguel Ángel Pavón ha recordado que en ese consejo - que se celebró el 5 de octubre de 2006 - ningún consejero político, ni del PP (entre ellos el anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, y la actual alcaldesa, Sonia Castedo, entonces concejala de urbanismo, que votaron a favor) ni del PSOE (Etelvina Andreu y José María Pajín se abstuvieron), votó en contra de la autorización.

Una sentencia que el edil considera que pese a no ser firme - fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por la propia Abogacía del Estado estando el PSOE al frente del gobierno central - podría ser invocada por el Ayuntamiento tanto para evitar el pago de la indemnización mientras se resuelve la casación como para rechazar dicho pago en caso de que la sentencia ganada por EU adquiriera firmeza. La formación de izquierdas considera que la sentencia que anula la autorización portuaria, de hacerse firme, implicaría la imposibilidad de instalar la planta y, por tanto, la irrelevancia de la licencia municipal y la improcedencia de indemnización alguna.

Por último, el edil recrimina al PP municipal y a la actual alcaldesa - entonces concejala de urbanismo - que se informara favorablemente la autorización ambiental integrada de la planta y que se votara a favor de la autorización portuaria, un informe y un voto que si hubieran sido contrarios a la instalación de la planta habrían dado consistencia tanto a la denegación de la licencia como a un fallo del TSJ contrario a las pretensiones de Biodiesel Alicante.